Por Rodrigo Bruera | rbruera@redaccion351.com

Con 4 votos a favor (Ricardo Lorenzetti, Enrique Petracchi, Elena Highton, Eugenio Zaffaroni), 1 en contra (Carlos Fayt) y 2 disidencias parciales (Carmen Argibay, Juan Carlos Maqueda), los jueces de la Corte declararon constitucionales los artículos 41, 45, 48 y 161, cuestionados por el Grupo Clarín.

Sin embargo, no puede considerarse este fallo como el final de un conflicto de partes. El Grupo Clarín emitió un comunicado en el que continúa sosteniendo que la ley “violenta abiertamente los derechos adquiridos” y “configura una clara afectación a la libertad de expresión”, lo que hace suponer que el fallo de la corte es un paso más pero no un paso definitivo.

En una conferencia de prensa, el Presidente de la AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) Martín Sabatella, consideró que el Grupo Clarín “tiene que someterse a los procedimientos y los tiempos que establece AFSCA” y tiene “todos los plazos vencidos para la presentación de la adecuación”, por lo cual se debería continuar con el proceso de transferencia de oficio de las licencias que el grupo oligopólico tiene por encima de las permitidas por la ley.

Más allá del fallo positivo, la Corte Suprema también hizo referencia a algunas cuestiones que considera que el Estado no está cumpliendo, por ejemplo, al considerar que el propósito de la ley de lograr pluralidad y diversidad “perdería sentido sin la existencia de políticas públicas transparentes en materia de publicidad oficial” haciendo clara alusión a la dudosa distribución de pauta oficial que beneficia a empresas mediáticas afines a la ideología oficialista. La Corte también consideró que el órgano encargado de aplicar la ley “debe ser técnico e independiente, protegido contra indebidas interferencias, tanto del gobierno como de otros grupos de presión”.

Cuentas pendientes

Si bien el fallo aparece como una excelente noticia para quienes defienden el espíritu y esencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se observan algunas cuestiones que no se vienen cumpliendo, pasados los 4 años de su sanción.

• El 33% para medios gestionados por organizaciones sin fines de lucro: si bien hubo avances en adjudicación de licencias y autorizaciones, aún no se vieron resultados concretos.
• Distribución de pauta oficial: desde 2009, fue muy discutida por algunos medios no oficialistas.
• Adjudicación y transferencia de licencias: no quedó clara la venta de C5N y Radio 10 del empresario Daniel Hadad al grupo Indalo, perteneciente al empresario Cristóbal López. Si bien la ley prohíbe la transferencia de licencias, la AFSCA la autorizó basándose en excepciones establecidas por la ley en el artículo 161, considerando que Hadad se estaba adecuando a lo establecido por la ley.

Paso a paso

1980. Los dictadores Jorge Rafael Videla, José Alfredo Martínez de Hoz y Albano Harguindeguy ponen su firma a la llamada “Ley de Radiodifusión Nº 22.285”.

1985. Ya en democracia, el Presidente Raúl Alfonsín suspende el Plan Nacional de Radiodifusión y el llamado a concurso de licencias “hasta la sanción de una nueva ley de radiodifusión”. Envió al Congreso un proyecto de ley, que rápidamente quedó archivado. Surgen nuevas emisoras al margen de la ley.

1999. Mediante el Decreto 1005 del Presidente Menem, se modifica el art. 43 de la Ley 22.285 y se habilita a los dueños de medios a tener hasta 24 licencias. Además, se permitió el ingreso de capitales extranjeros al sector de la radiodifusión.

2004. La Coalición por una Radiodifusión Democrática, integrada por más de 300 organizaciones sociales, comunitarias, de derechos humanos, sindicales y de pequeñas y medianas empresas, presentan los “21 puntos básicos por el derecho a la comunicación”.

2005. El Presidente Néstor Kirchner firma el Decreto 527, en el que prorroga por 10 años las licencias de las empresas mediáticas más importantes. Cientos de organizaciones sociales y miles de pequeños y medianos emprendedores quedan excluidos de la posibilidad de acceder a una frecuencia.

2006. A través de la Resolución 753, se reconoce y autoriza a funcionar a 126 radios pertenecientes a organizaciones sin fines de lucro, luego de 15 años de pelea constante.

2008. Durante el Gobierno de Cristina Fernández, la lucha se multiplica por todo el país. En Córdoba, se organiza el “Cabildo Abierto por una nueva Ley de Radiodifusión”, al que asisten masivamente organizaciones sociales, comunitarias, medios públicos, abogados y docentes universitarios.

2009. Luego de muchos foros y debate previo en ambas Cámaras, el 10 de octubre se sanciona la “Ley Nº 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual”.

2009. Clarín reclama ante la justicia por la inconstitucionalidad de los artículos 41, 45, 48 y 161, referidos a transferencias de licencias, multiplicidad de licencias, prácticas de concentración indebida y adecuación, respectivamente. Manifiesta que la ley está en contra de los Tratados Internacionales de Derecho de la Información.

2013. La Corte Suprema  de Justicia escuchó argumentos a favor y en contra de la ley, mediante presentaciones Amicus curiae.

29 de octubre de 2013. La Corte Suprema de Justicia falla a favor de la constitucionalidad de los artículos cuestionados por el Grupo Clarín.

 

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