Por Diana Nicodemus | dnicodemus@redaccion351.com
Florencia Reartes | freartes@redaccion351.com
El 4 de julio comenzó a tratarse en el Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza sobre convenios urbanísticos. El texto supone la autorización de excepciones en las normativas actuales, para personas físicas o jurídicas, públicas o privadas en lo que se refiere al fraccionamiento, uso y ocupación del suelo en terrenos dentro de nuestra ciudad.
Este nueva normativa, según lo que se plantea, beneficiaría a la ciudad ya que, a cambio de las excepciones los desarrollistas deberán ofrecer alguna contraprestación.
Uno de los beneficios será el permiso de edificar por encima de lo permitido. A cambio, el municipio determinará un porcentaje de dinero que los desarrollistas deberán reintegrar a la ciudad ya sea en efectivo, en lotes o en financiamiento para obras públicas.
Este convenio urbanístico fija como condición, la presentación de una solicitud por parte de los interesados que será aprobado por el Concejo Deliberante, una vez que haya pasado por los estudios técnicos necesarios.
Cabe aclarar que, los beneficios económicos obtenidos porla Municipalidad producto de esta futura normativa, ingresarán a un Fondo Específico.
Las dudas
La oposición, por su parte, reclamará que se clarifique en que consistirán las contraprestaciones a cambio de construir por encima de lo establecido, cómo se determinará el porcentaje de los beneficios económicos que obtendrá la ciudad y de qué forma ingresará este dinero al Fondo Específico.
Otras de las observaciones que se plantean a este nuevo proyecto fueron presentadas desde el Foro Ambiental Córdoba y el Grupo Intercuencas Sostenibles, quienes entregaron notas a cada concejal y al viceintendente. Estas notas, dan cuenta consideraciones que, sostienen, deberían tenerse en cuenta.
Entre otras cosas, se refieren al sistema de excepciones que, afirman implicarían “la posibilidad de mercantilización del ordenamiento territorial en función de las solicitudes privadas, y con eso la pérdida de visión a largo plazo del modelo de ciudad al que se aspira”.
Por otro lado, hablan sobre la incertidumbre a cerca de quién afrontará los costos de infraestructura pública que se originarán como obras de tránsito, servicios, etc. Además, otro punto a tener en cuenta son los vecinos y quién se responsabilizará por posibles perjurios como saturación de tránsito, ruidos, etc. Según afirman en las notas, no se especifica si el beneficio para la Municipalidad compensaría de algún modo a los habitantes de la zona.
También, hacen referencia a la participación de los vecinos de los sectores que serán afectados al momento de aprobar las propuestas. El proyecto, no da cuenta de ningún tipo de participación ni vecinal ni de otras entidades, afirman desde el Foro Ambiental y el Grupo Intercuencas Sostenibles.
Uno de los puntos da cuenta de la importancia de que exista la publicidad previa de las propuestas que permita la participación vecinal. El registro público que prevé el proyecto es de lo aprobado y refrendado por el Concejo.
Otra de las observaciones se refiere a que no hay referencia a una superficie mínima para los convenios. La ordenanza, según afirman debería definir un concepto de urbanizaciones a las que serían aplicables estos convenios. Tampoco dan cuenta del destino de las mismas.
La última observación habla de la importancia de sumar explícitamente a la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental para dar cumplimiento al artículo 8 que afirma: “La Autoridad de Aplicación deberá tener especialmente en consideración el impacto socio ambiental de la intervención propuesta”.
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