Gentileza: Lea Ross (@LeandroRoss)
Foto: Lea Ross
El 4 de febrero la ciudad de Córdoba vivió el boletazo más duro de la gestión de Ramón Mestre. Es el incremento más alto en su gestión; más del 29%. Cada boletazo mestrista es más alto que el anterior: 28% del $ 2,50 al $ 3,20 y 28,13% de $ 3,20 a $ 4,10.
La gran justificación es la inflación, aunque no queda en claro qué consultoras o cálculos utilizan la FETAP y la Municipalidad para estimarla, debido a la poca credibilidad del INDEC. Sin embargo, el llamado «Índice de precios» del Congreso de la Nación es un relevamiento que llevan a cabo distintos bloques de la oposición kirchnerista, a partir de datos que le suministran las empresas privadas. Entre ellos, está la UCR.
Según esas estimaciones, estos fueron los aumentos anuales en el cierre de cada año:
- Entre diciembre de 2011 y diciembre de 2012: 25,06%; cuando el boleto de transporte cordobés subió un 28%.
- Entre diciembre de 2012 y diciembre de 2013: 28,3%; en aquel entonces, el boletazo era de 28,3%.
(Fuente: Portal web de la diputada nacional Patricia Bullrich)
Recordemos que Ramón Mestre asumió en el año 2011.
Si un producto costaba 100 pesos en diciembre de 2011, en el cierre de 2012 tendría un precio de $ 125,06. Y para el último diciembre, casi $ 147,60. Es decir, en dos años aumentó 47,60%. Mientras que el boletazo durante ese período era de 64%. Es una diferencia considerable, teniendo presente que el Congreso puede ser el organismo que mayor legitimación pueda ofrecer un partido político como la Unión Cívica Radical.
Ahora bien, según mis estimaciones, las tres empresas de transporte recaudaron $ 445.000.000 en 2011. Gran parte se la quedaba la estatal TAMSE por tener los recorridos de mayor caudal. Mientras que el año pasado, descontando el Boleto Gratuito, se habrían juntado $ 574.000.000 en materia de cargas virtuales. Esta vez, con la TAMSE tercerizada. Estos números tampoco incluyen la entrada de subsidios.
Resulta necesario que la ciudadanía conozca en profundidad el recorrido de esos fondos. Y más aún cuando el presidente de Coniferal aseguró a Canal 10, un par de días antes del boletazo, que su empresa sólo obtiene en materia ganancias un total aproximado de 2 millones de pesos anuales. Es decir, más los subsidios, un techo estimado de mil de millones de pesos que se decantarían en sólo dos millones de ganancias para cada empresa privada y que vaya uno a saber qué recorrido toma la ruta del dinero en la tercerización de la TAMSE.
Un punto interesante es la denuncia que realizó recientemente la oposición ante la Justicia sobre el edil «plantado» en el Concejo. El vice-intendente Marcelo Cossar, y obviamente presidente del Concejo, ordenó la presencia de Francisco Guzman, que en ese momento trabajaba como funcionario de la Municipalidad de Córdoba. Con esto, ejerció el cargo de suplente del radical Guillermo Farías que tomó licencia por vacaciones. Licencia que tiene la particularidad que no haber sido aprobada por el propio Concejo Deliberante. Es decir, en lo que compete al Poder Legislativo de la ciudad, la licencia no estaba formalizada. Tal como lo interpreta el periodista Daniel Zen en una nota del Diario Alfil: «En este momento el Concejo Deliberante tiene 32 miembros (más el viceintendente), a pesar de que la Carta Orgánica establece que deben ser 31».
Otros rasgos presentes en materia política sobre lo ocurrido, tiene que ver con las posibles internas dentro del radicalismo. Pero también, la movilización ofreció una clave sobre cómo los dos principales aparatos de la política partidaria, delasotismo y radicalismo, han empezado a marcar la cancha.
La inédita presencia de la agrupación juvenil La Militante, asistida momentáneamente por jóvenes con gafas oscuras y camisas celestes, evidencian un cierto cuidado del gobernador De la Sota ante la posible alianza entre el intendente Mestre y el ex-intendente Luis Juez para disputar el espacio provincial en 2015.
Hay que decir además que la actuación policial, que llegó a realizar la detención de más de una docena de personas, evidencia una actitud arbitraria en su proceder a medida que uno observa la procedencia política de algunos de los detenidos (kirchneristas, anti-kirchneristas, personas no ligadas a ningún partido), como así también el ataque a un fotógrafo del diario La Nación. Según comentó el compañero de prensa al presente cronista, la policía levantó una bandera caída y golpeó la cámara con la firme intención de que el trabajador no cumpla con su trabajo. Aquí se tiene presente un ataque a la libertad de prensa, más la irrisoria decisión de los uniformados de seleccionar qué periodistas podían ingresar a la Comisaría 1ra. donde se encontraban los detenidos en aquel entonces.
Para terminar, hay que decir que este nuevo año la fuerza que está manejando la ciudad está poniendo en práctica una gestión que se aleja bastante del respeto a lo institucional, que tanto brega. Más si se tiene presente que quien implantó al “edil 32”, Marcelo Cossar, tiene como hermano a un sospechado de realizar negocios con el narcotráfico, según denunció «El Gallo» Altamira desde la prisión, ante una cámara del programa ADN.
Además, la propuesta de reformar el Código de Faltas municipal, recurriendo como profesional al Dr. José Luis Palazzo, revelado como un «buchón» de Luciano Benjamín Menéndez en una carta presentada por H.I.J.O.S. en la Megacausa La Perla, revela la discrecionalidad que se tiene a la hora de hablar de democracia.
Y por si fuera poco, en el cierre del año 2013, con la aprobación del proyecto Los Ombués, que apunta a la construcción de un country en tierras donde se plantaba soja, es la prueba patente de cómo el Estado sigue siendo una puerta abierta a los negocios. Los dueños de aquellas tierras, quienes se harán cargo de la construcción inmobiliaria, obtendrían una ganancia sideral de casi 200 millones de dólares en materia de cotizaciones, según cálculos estimados por el concejal Esteban Dómina. A cambio, los cordobeses tendríamos una plaza pública, pegada al barrio privado. La pretensión de acrecentar la mancha urbana, poniendo en riesgo un posible colapso en los servicios públicos de la ciudad, más los peligros de salud al ser tierras fumigadas, que de hecho el propio proyecto fue avalado sin estudios de impacto ambiental, re-confirma aquella lógica noventista de hacer política basada en anteponer el bienestar de las empresas antes que el de la ciudadanía.
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