Por Andrea Mansutti*

Foto: Captura web sitio Aoita

Finalmente se levantó el paro de interurbanos. Después de varias reuniones, el conflicto entre FETAP, AOITA, FONOBUS y la Provincia dio un paso adelante. El secretario general del gremio AOITA, Miguel Herrera, expresó la semana pasada que tras una extensa reunión que se desarrolló en el Ministerio de Trabajo de la Provincia se levantó el paro de los choferes de colectivos de corta, media y larga distancia en la provincia de Córdoba.

Bloqueo en las terminales de ómnibus, colectivos sin circular y pasajeros varados. ¿Cómo se llegó a esta situación? La decisión del Ministerio de Transporte de otorgar nuevas concesiones a la empresa FONOBUS fue el detonante. Se trataba de los tramos Córdoba-La Calera-Río Ceballos y Córdoba-Jesús María-Quilino, ya cubiertos por otras empresas. Al parecer, esa decisión no fue considerada acertada por todos los actores involucrados. AOITA entendía que, con esas habilitaciones, se verían afectados unos 200 puestos de trabajo, de quienes prestan servicio en otras líneas. Los choferes, frente a esto, no estaban dispuestos a levantar el paro ni siquiera luego de la conciliación obligatoria. FETAP, por su parte, decidió presionar con la posible suspensión del Boleto Educativo Gratuito. Con tantas posturas en conflicto, las negociaciones tardaron en dar sus frutos y el paro se hizo presente.

¿Cuál es el actor más perjudicado en todo esto? Los usuarios del transporte interurbano, que se enfrentaron con una situación que los tomó por sorpresa. Muchos de ellos no contaban con los recursos para satisfacer las necesidades básicas, mucho menos accedían la posibilidad de otro medio que los traslade.

Como se planteó, por suerte se llegó a un acuerdo, y los colectivos circulan nuevamente. Pero a fin de cuentas, la solución es temporal, y en algún momento habrá que tomar decisiones más estructurales. Quizás se retractó la medida de dar las concesiones a FONOBUS de los nuevos recorridos, pero no se abrió la puerta a la posibilidad de una licitación pública para nuevas empresas o para ampliar y mejorar el sistema de transporte de la Provincia, como lo prevé la ley provincial de Transporte 8.669.

El ministro de Trabajo de Córdoba, Adrián Brito, declaró que la solución se dio para garantizar la fuente de trabajo, pero no dejó de remarcar que las empresas son conservadoras y no están dispuestas al cambio. La búsqueda para resolver el problema lo antes posible en pos de que los ciudadanos cuenten nuevamente con el servicio ha sido acertada. Pero la solución no se termina con esta negociación, pues es alarmante la falta de transparencia y las discrecionalidades para las licitaciones. La ley existe, pero el conflicto sigue… ¿hasta cuándo?

* Estudiante de la Lic. En Relaciones Internacionales y de la Lic. en Ciencia Política en la Universidad Empresarial Siglo 21