Por Fernando Chávez Solca*

La discusión sobre el rol de los medios ha estructurado el escenario político de los últimos años en nuestro país. Desde su sanción, la disputa por implementar la “Ley de Medios” ha recorrido todas las instancias judiciales hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia. El último capítulo sucedió hace un par de semanas, cuando el máximo tribunal de justicia llevó a cabo dos audiencias públicas donde los “amicus curiae” expusieron sus argumentos para defender la aplicación de la ley o mostrar su inconstitucionalidad.

Este conflicto ha sido principalmente leído como una disputa entre dos actores racionales que intervienen con el fin exclusivo de conseguir ciertos intereses egoístas. Así, el afán del gobierno por “democratizar los medios” es interpretado como una jugada estratégica que apuntaría a controlar los medios que se oponen a sus medidas. Por su parte, el Grupo Clarín, sería un actor que solo busca sostener su posición dominante dentro del mercado mediático. Sin embargo, al distanciarnos de estas aproximaciones, podríamos visibilizar algunas cuestiones más profundas.

Primeramente, es interesante observar el modo en que se estructura el debate. Entre una infinidad de posibilidades, los argumentos de las partes apuntan a discutir el sentido de la libertad de expresión. Es decir, el conflicto mismo está mostrando la posibilidad de entender a la libertad de expresión de, al menos, dos formas distintas. Por un lado, podría definirse como la posibilidad de que la mayor cantidad de actores de diversas procedencias tengan su espacio en los medios. Por otro, sería entendida como la posibilidad de poseer cuantos medios se desee sin ningún tipo de restricciones.

Ante esto, es posible preguntarse ¿dónde está la verdad? Y es aquí donde la discusión deviene necesariamente en política, siendo ésta el modo mismo en que se da sentido al mundo. La política es la disputa por fijar el sentido de las cosas, por desplazarlas de su lugar previo, y es eso lo que ocurre con la libertad de expresión. La particularidad que logre fijar su sentido como universalmente válido habrá logrado una victoria política, transformando su parcialidad en una mirada compartida por todos.

En segundo lugar, podemos marcar que independientemente de la supuesta manipulación y el uso instrumental de las medidas para beneficios particulares, existe una huella profunda que el conflicto estaría dejando. Esto es, más allá de la decisión de la Corte, la discusión acerca del lugar de los medios ya se ha instalado en la sociedad y aquellos no ocupan el mismo lugar que hace cuatro años atrás.

Hoy ningún ciudadano observa a los medios como actores neutrales, objetivos y desinteresados que informan sobre lo que acontece. Se ha producido una politización del rol de los medios que excede las intenciones oficialistas. Esto significa que ciertas prácticas que habían sido naturalizadas anteriormente, a partir de este conflicto se han puesto en discusión, tornando visible la configuración siempre precaria de todo orden, mostrando la posibilidad de que las cosas puedan ser de un modo diferente, lo que constituye la operación de la política por excelencia.

De este modo, el conflicto por la “ley de medios” tiene que pensarse de forma distanciada de las lecturas que la conciben como un juego entre actores estratégicos, y a su vez desenmascarada de los enfoques que la discuten en términos técnicos. Lo relevante entonces radica en pensar la disputa a partir de las aperturas que genera, de las posibilidades que abre, de los efectos que configura, porque en definitiva la política se trata de eso, de la disputa por el sentido de las palabras.

* Lic. En Relaciones Internacionales y Ciencia Política en la Universidad Empresarial Siglo 21