Por Facundo Rivero | frivero@redaccion351.com

El miércoles  30 de noviembre se llevó a cabo un debate complejo sobre la situación sanitaria en el país y, puntualmente, en la provincia de Córdoba. La mesa de debate estuvo coordinada por Carlos Godoy de ALAMES (Asociación Latinoamericana de Medicina Social), y la integraron Juan Herman del Instituto Lazarte, Iván Ase del IIFAP Córdoba (Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública), y Eugenio Biafore, abogado laborista e investigador del Conicet.

Godoy explicó cuál es la situación actual en la provincia de Córdoba. Comentó, de manera general, el panorama y presentó a cada uno de los exponentes, dándole lugar a  Herman, especialista en medicina generalista y epidemiología. Él se explayó sobre la historia de la salud en Argentina y en la gran contradicción dentro del campo, entre un derecho universal y la privatización de ete servicio.

“¿El Estado está en retirada? Posiblemente, sea necesario repensar de acuerdo al momento histórico que estamos pasando (…) Muchos médicos y yo entendemos a la salud como un derecho humano fundamental y como parte de los derechos sociales. Ese es nuestro punto de partida y nuestro fin”, explicó. Luego, añadió que es importante dejar claro que es un derecho humano y que todo individuo por ser tal es un sujeto de derecho.

“En tanto y cuanto la salud no es asumida como un derecho, es pensada, practicada, ofrecida y circula como una mercancía en la sociedad. Y si circula como mercancía, el acceso está vinculado a la capacidad de compra”, agregó.

Más tarde, preguntó: “¿Qué pasa con el Estado?”. «Quizás, la única vez que hubo un Estado garante del derecho de la salud fue en el primer gobierno peronista, cuando nació el Ministerio de Salud, garantizándole el derecho a todos», se respondió.

“Hay un doble proceso que va en sentido inverso; por un lado, la universalización y, por otro, la privatización de la oferta. Es la principal contradicción en Argentina con respecto a los servicios de salud”, sentenció. Además, reflexionó sobre cómo pensar el Estado y destacó el debate: “en estos ámbitos debemos generar las herramientas de pensar categorías, conceptos, para poder pensar estas problemáticas”. Sin embargo, enfatizó que no hay que pensar que el Estado es el Gobierno, ni que el Estado es una estructura vacía de responsabilidades.

Luego, habló Ase, investigador, quien dijo que los conflictos y problemas sanitarios “tienden a profundizarse en la provincia”. Asimismo, el investigador consideró que hay responsabilidad de los médicos como actores del sistema, y que tiene que ver con salir de la lógica reivindicativa: “Tenemos dificultad para pensar la salud estructuralmente, aún en momentos como éste de cierta efervescencia”. A su vez, acentuó que esa lógica sectorial está y estuvo diagnosticada por los diferentes gobiernos y que eso les permitió evitar la discusión sobre la cuestión sanitaria tantos años.

También, recalcó que las políticas de reformas de salubridad han durado lo que dura un gobierno, que es muy poco lo que se ha sostenido a lo largo del tiempo en Córdoba. Después, continuó: “Hay una sola política que se ha mantenido en el tiempo y es la responsable de los dos grandes problemas de la provincia, que es la política de descentralización”.

Del mismo modo, indicó que otro gran problema es el financiamiento de la salud de la provincia, ya que la descentralización generó un agujero en el mantenimiento económico de los distintos centros de salud municipales, ya que antes del presupuesto provincial se destinaba el 17,4 por ciento, pero desde que se descentralizó, la provincia destinó del 11 al 12 por ciento del presupuesto.

“La descentralización, además de generar estos ‘defectores’ de salud en toda la provincia, genera un desfinanciamiento del sistema sanitario”, subrayó. Y recordó como los municipios deben financiar los hospitales, aunque en muchos pueblos y ciudades se cobra un bono cada vez que una persona es atendida en un centro de salud. Resumió: “El gobierno trasladó el problema a los municipios y los municipios a sus habitantes”.

Para él, estos dos problemas estructurales explican muchos de los conflictos en Córdoba en materia sanitaria. Aparte, señaló que el modo de financiamiento ahonda las desigualdades entre los centros de salud.

Hacia el final, mencionó que el gobernador José Manuel De la Sota plantea el turismo sanitario como forma de mercantilización de la salud.

Por último, tuvo la palabra Biafore, abogado y asesor de gremios de Córdoba. Trató la cuestión laboral del empleado sanitario de la provincia y se refirió al Estado en tanto juez y parte de los conflictos gremiales.

Además, dijo que la política de salubridad desde la época del IPAM, y antes, es una política clara porque los sindicatos no tienen el reconocimiento mínimo de las partes que integran el sector de salud. “Es el precio que se paga a dos garantías que tiene el trabajador público frente a los empleados privados”, afirmó.

Una de las garantías es el tema de la estabilidad laboral, ya que en el sector privado “te pagan pero te despiden”. Y la otra garantía son los sindicatos. Aunque, aseveró que no puede haber más de un sindicato por sector, el sistema público de representación debe ser plural según la ley.