
Por Nicolás Siadis | nsiadis@redaccion351.com
Fotografía: Manuel Bomheker | Será Justicia
Al comenzar la quinta audiencia, la fiscalía exigió que se integren los delitos de índole privado que estaban en la instrucción pero que luego no formaron parte de los autos de elevación a juicio de la causa Acosta.
En este caso, al estar en juego un interés privado, deben existir denuncias puntuales y la expresa voluntad de las víctimas para que se ventilen este tipo de hechos. Como no se dieron estas condiciones, tanto querella como defensa se opusieron al pedido de la fiscalía y el tribunal decidió no dar lugar.
Causa Romero. Se investiga el secuestro, aplicación de tormentos y homicidio de 107 víctimas. Además se suma el caso de Sara Waitman, única sobreviviente de la causa, por los delitos de privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos agravados.
Esta causa tiene 21 imputados y lleva el nombre de Héctor Raúl Romero, que al momento de los hechos se desempeñaba como personal civil de inteligencia. Romero integró el grupo de Operaciones Especiales (OP3) dependiente del Destacamento de Inteligencia 141 y formó parte del Comando Libertadores de América.
En el presente proceso está imputado por 678 delitos. 257 privaciones ilegítimas de la libertad agravadas, 243 imposiciones de tormentos agravados, 166 homicidios calificados y 12 imposiciones de tormentos seguidos de muerte.
Desaparición y muerte de dirigentes sindicales
Una de las víctimas de la causa Romero es Eduardo Requena, quien fuera secuestrado el 26 de julio de 1976, trasladado a La Perla y posteriormente desaparecido. Eduardo era docente y dirigente nacional de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).
Durante los primeros meses de la dictadura, Requena continuó su actividad sindical a pesar de haber sido perseguido y amenazado por la Triple A en 1975. Finalmente, fue secuestrado en un bar de la calle Colón, junto a otro dirigente gremial.
Esta causa tiene como víctimas a varios líderes sindicales que conformaban la Mesa de Gremios en Lucha, un movimiento intersindical que impulsaba la unidad social de los trabajadores.
Una de las sobrevivientes del Terrorismo de Estado en Córdoba es Soledad García, quien fue secuestrada por su participación sindical y estuvo detenida en el Departamento de Informaciones D2, en la Unidad Penitenciaria Nº1 y finalmente en la Cárcel de Devoto.
Soledad es docente, dirigente sindical de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y esposa del desaparecido Eduardo Requena. Fue secuestrada el 9 de marzo de 1976 cuando participaba de una movilización de Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) junto a Rafael Flores, Secretario General del gremio de los trabajadores de caucho. Ambos integraban la Mesa de Gremios en Lucha.
“Tras la detención, me convertí en prisionera política. Estuve detenida en el D2 hasta el 22 de marzo, fecha en que me trasladan a la UP1. Allí vivimos el calvario del año 76, sobrevivimos y luego fuimos trasladados a la Cárcel de Devoto a fines de ese año”, comentó la dirigente gremial.
García estuvo 4 años detenida sin causa en Devoto y en 1980 fue liberada y debió exiliarse en España. “No fue una opción, tuve que exiliarme. Y el exilio es tan duro como la cárcel, en otros sentidos, pero igual de duro. Es otra tierra, otros olores, otra gente y despegarse de la familia”, recordó.
Los juicios por crímenes de Lesa Humanidad tienen una importancia incalculable para las víctimas y sobrevivientes de la última dictadura cívico-militar, para los que vivieron en carne propia el odio de las bestias genocidas. Y hoy, gracias a la lucha irrenunciable de los Organismos de Derechos Humanos, aquellas bestias enfrentan la justicia por sus crímenes con todas las garantías constitucionales.
Ese es el camino que queremos y debemos transitar, el de la justicia. El que como sociedad nos conducirá a la construcción de la memoria y la verdad; y que garantizará realmente el nunca más.