Por Rodrigo Bruera | rbruera@redaccion351.com
Foto: Gentileza Comunicación Popular
Las políticas de Estado en cuanto a medidas ambientales se han convertido en los últimos días en uno de los principales temas abordados por los medios de comunicación. Desde que salió a la luz el nuevo negocio entre el gobierno de La Rioja y la empresa canadiense Osisko Mining Corporation por la exploración del Cerro Famatina, una gran cantidad de pobladores, ciudadanos y movimientos sociales y ambientales iniciaron un proceso de resistencia y reclamo.
Sin embargo, y más allá de que por ahora el gobernador riojano Luis Beder Herrera confirmó que momentáneamente no se harán exploraciones, las resistencias se extendieron por diversos pueblos y ciudades del noroeste argentino.
En lugares como Tinogasta o Andalgalá, la represión policial ha hecho estragos y hubo muchas denuncias de maltrato policial. El debate ya está instalado: varios funcionarios provinciales y nacionales han dado su opinión al respecto pero aún no hay determinaciones. Más allá de la discusión sobre si la megaminería a cielo abierto (entre otras tantas actividades extractivas) es contaminante o no, lo que es inaceptable es la represión.
Darío Aranda es un periodista que actualmente colabora en el diario Página/12. Desde hace años que desde su lugar hace innumerables aportes a la defensa del medio ambiente y la lucha de los pueblos originarios. Trabaja junto a comunidades campesinas y originarias en talleres de periodismo y comunicación social. En 2010 escribió el libro “Argentina originaria. Genocidios, saqueos y resistencias”, en el que aborda las relaciones y tensiones entre un modelo económico extractivo y la defensa de los derechos de los pueblos originarios y además cuestiona las prácticas genocidas que los pueblos argentinos han sufrido y siguen sufriendo.
El periodista aceptó responder algunas preguntas sobre las temáticas ambientales y el rol de los medios de comunicación.
¿Qué pensás sobre las políticas ambientales que lleva adelante el Gobierno nacional?
El Gobierno sostiene el modelo extractivo con actividades como la minería, agronegocios, petróleo, monocultivo de árboles, entre otras. Es una política de Estado. No defiende los recursos naturales, los negocia o los entrega, según cada caso. Este modelo necesita territorio vacío y por eso necesita expulsar campesinos, indígenas, asambleas socioambientales y todo lo que se interponga. Hay que destacar que es una política que se da en todos los países de la región.
¿Cuáles creés que son los intereses de los gobiernos provinciales? ¿Cómo se entiende la represión?
Los gobernadores siguen la misma lógica que el Gobierno nacional, que es quien da prioridad a las empresas. La represión está tercerizada y queda en manos de empresas o gobiernos provinciales como los de Formosa, Salta, Santiago del Estero y Catamarca, por ejemplo. Es muy probable que el nivel de conflictividad aumente, por el simple hecho de que campesinos, indígenas y asambleas están defendiendo una forma de vida.
¿Qué importancia le das al rol de los medios de comunicación en esta situación?
Los grandes medios de comunicación son funcionales a las empresas o a los gobiernos. Y silencian según a quién afecte. La represión en Formosa fue un ejemplo claro: los medios oficialistas evitaban vincular a Insfrán con el gobierno nacional. Los medios «opositores» sí hacían esa vinculación, pero nunca decían que el fondo del asunto era el modelo sojero-ganadero: esos medios son socios de ese negocio. Es evidente, una vez más, que los medios ya no son importantes por lo que dicen, sino por lo que ocultan.
Creo que ahí también hay que apuntar al rol de los periodistas. Hay que hacerse cargo.
Por otro lado, es claro que hay censura en todos los medios, sin distinciones. En todos. Y eso no es culpa de un Gobierno, sino de las empresas y los editores que se han transformado en comisarios políticos.
Notas relacionadas
