Por: Lea Ross | politicaysociedad@redaccion351.com

El narcotráfico se ha convertido en uno de los temas este año. Con la crisis policial en nuestra provincia, a partir de la conjugación “narco-escándalo”, el negocio de las drogas volvió a entrar en la agenda social de los cordobeses. Sus posibles soluciones son tan diversas que, algunas, se silencian.

Como muestra de su compromiso con el tema, el actual diputado y ex gobernador Juan Schiaretti había dejado explícito su apoyo a una Ley de Derribo para ser tratada a nivel nacional. Teóricamente, consiste en el ataque, de parte de la Fuerza Aérea, a cualquier vehículo aéreo que permanece bajo sospecha de contrabando, por realizar un plan de vuelo sin aprobación previa ni acatar órdenes para identificarse o aterrizar. En otras palabras, pena de muerte sin juicio previo.

Las posibles soluciones improvisadas van de la mano con la estigmatización. Córdoba es una de las provincias que ha “provincializado” la lucha contra el narcotráfico, basada en la búsqueda por desmantelar las actividades ilícitas menores; mientras que la Justicia Federal se encarga de las de mayor rango. En los momentos previos a la aprobación de la polémica Ley Provincial Anti-Drogas (Nº 10.067), el fiscal Marcelo Sciardi, hoy uno de los encargados del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico, había señalado a La Voz del Interior sobre la situación que padecería el consumidor tipo de marihuana, a partir de la puesta en práctica de la ley: “No va a ser privado de su libertad. Sin embargo, de acuerdo al caso, algunos tendrán un tratamiento despenalizado, mientras que otros enfrentarán un proceso, habrá imputación. Aunque por la entidad del delito no serían privados de su libertad. Habrá que analizar antecedentes, circunstancias y cantidad de estupefacientes”.

Sin embargo, durante el año 2013, los casos particulares muestran que el diagnóstico actual escamoteó al pronóstico.

El activista cannábico Mike Bifari fue arrestado en La Falda (11/01/2013) por cargar encima tres cigarrillos de marihuana. En ese mismo mes, Alejandra Pedraza fue arrestada en Río Cuarto por tener a mano cuatro “porros”: estuvo tres meses en prisión y siete en forma domiciliaria. Fue liberada el mes pasado.

Ambas detenciones se contradijeron con el fallo de la Suprema Corte de Justicia, conocido como el fallo Arriola (2009), el cual sostiene que es anti-constitucional criminalizar a usuarios de drogas por tener una mínima cantidad, ya que están amparados en el artículo 19 de la Carta Magna. De hecho, Pedraza fue absuelta por lo escrito en dicho fallo.

Según recientes declaraciones en los medios, el Fuero contra el Narcotráfico anunció que hay un centenar de personas detenidas por narcomenudeo, en prisión preventiva. De este modo, la provincia busca enfocarse en la figura del narcomenudeo como el eje del mal, mientras otorga vía libre a las fuerzas policiales para acrecentar aún más su negocio paralelo a lo legal. Y mientras el país argentino se convulsiona sobre cómo el negocio del narcotráfico fue reestructurándose en beneficio de las fuerzas policiales, en el país vecino de Uruguay se ha otorgado un curioso avance.

La reciente aprobación de la legalización de la marihuana, de parte del senado uruguayo, ha catapultado a su nación como la primera, a escala mundial, en crear un monopolio de mercado cannábico en manos del Estado.

“¡Estamos estupefactos, en el más amplio sentido de la palabra! Y contentos”, declara casi jocosamente Daniel Langher, de la Comunidad Cannábica de Córdoba.

Langher sostiene además que “como experiencia piloto para el mundo va a traer muchos beneficios, y esperemos que esto funcione correctamente, tal cual lo han pergeñado los uruguayos”.

La ruta del dinero THC

Según el gobierno uruguayo, el narcotráfico en su país hace girar entre 30 y 40 millones de dólares en negro, que en general terminan en el lavado de dinero y/o en paraísos fiscales. Ahora, con la nueva ley, que comenzará a ponerse en práctica para marzo de 2014, el Estado será el único a cargo de comercializar la marihuana, mediante la creación del Instituto de Regulación y Control del Cannabis.

Las ventas se realizarán en las farmacias. Todo comprador registrado tendrá un máximo de compra de 40 gramos mensuales. Lo recaudado en las farmacias será destinado al tesoro nacional.

A su vez, se habilita el auto-cultivo hogareño de hasta seis plantas que produzcan en total 480 gramos anuales. “Si vos auto-cultivas, cortás rápidamente con la cadena del narcotráfico -declara Langher. Y además, te protege de los riesgos de ir a comprar en el mercado clandestino”. La ley incluso acepta los “clubes de membresía”, donde podrán plantar hasta 99 plantas y cuya producción en gramos dependerá de la cantidad de socios.

Si bien la cocaína es la droga ilegal de mayor consumo en aquel país, el proyecto pronostica que al separar la marihuana de la actividad ilegal, se generará un golpe al narcotráfico, a partir de la reducción de sus ingresos en ventas cannábicas. Además, el proyecto sostiene un avance en materia de inclusión social, y una mayor profundización y diversificación en la problemática de las drogas.

Al preguntar sobre si Argentina está lejos de ser Uruguay, Daniel Langher sentencia: “Sí, está absolutamente lejos por cuestiones políticas. El gobierno nacional en algún momento levantó la bandera y después lo guardó todo bajo siete llaves”.

“El cannabis sigue siendo una noticia policial en nuestro país”, declaró el referente de la Comunidad Cannábica.

De todas maneras, el debate en nuestro país continuará vigente a la hora de encontrar solución a un tema tan delicado como es el narcotráfico. Aunque pareciera ser que, para algunos, es más inclusivo derribar aviones.