Por Tefi Nosti.
Fotos: Gabriel Sasia.
“Si la naturaleza fuera banco, ya la habrían salvado.”
Eduardo Galeano.
Aquellos montes donde se forma la vida tienen miedo. Las cuencas donde el agua se ramifica recomponiendo el suelo y los alientos ya no están tan claras. Los horneros y los gorriones vuelan de espanto. Vaya a saber dónde irán a parar tantos espinillos y algarrobos. Entre la pasividad de su pueblo, la tierra se lamenta.
El último mes ha sido de tire y afloje en la sanción de la reforma de la actual Ley de Bosques 9814. Una ley por demás deficiente, en una provincia históricamente proclive a ceder ante los intereses privados, vendiendo la tierra y el agua, para favorecer los negocios de grupos desarrollistas y del sector rural.
El día lunes 26 de diciembre, el gobernador Juan Schiaretti ha decidido posponer el tratamiento de la ley para el año que viene, debido a la presión ejercida por diversas organizaciones y por la sociedad en su conjunto. Una pequeña conquista en una lucha que ha de continuar a pulmón y consciencia.
La actual Ley de Bosques protege apenas un 3% del bosque nativo que sobrevive a los desmontes. Establece ciertos sectores como “zonas rojas”, inhabilitadas para cualquier iniciativa que avance sobre su flora y fauna. El nuevo anteproyecto que se debate sin un auténtico proceso participativo, busca la modificación de estas zonas por “amarillas”, lo cual permitiría la intervención de distintos grupos sobre las superficies protegidas para concretar sus actividades.
En primer lugar, se busca liberar el desmonte para incrementar la explotación ganadera con pasturas exóticas en los bosques nativos mejor conservados de la provincia. Esto implica la pérdida de biodiversidad, de servicios ecosistémicos, de fertilidad de los suelos y las consecuentes inundaciones y sequías que traen aparejadas. Esta medida extractivista atenta contra la continuidad de las actividades rurales artesanales que llevan adelante pequeños productores del norte cordobés, quienes practican una ganadería de subsistencia y no de maximización de la rentabilidad.
En segundo lugar, el proyecto posibilita la actividad minera, poniendo en riesgo los recursos naturales y exponiendo a los habitantes de zonas aledañas a intoxicaciones y muerte. Se busca legitimar una actividad que no encuentra dónde asentarse en Córdoba, debido a los sucesivos rechazos de los habitantes de las diferentes zonas factibles de explotación.
Además, la nueva ley eliminaría la posibilidad del arresto, facilitando el accionar ilegítimo. No prohíbe el rolado ni el desmonte químico, lo cual posibilita la eliminación de los arbustos y matorrales, cuya función es la de regular el agua, quitar el dióxido de carbono y mantener la fertilidad de los suelos.
Por último, pero no menos importante, el proyecto propone un cambio de Autoridad de Aplicación de la Secretaría de Ambiente por el Ministerio de Ciencia.
La Ley Nacional de Protección Ambiental de los Bosques Nativos establece una renovación cada cinco años del Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (OTBN). En la provincia de Córdoba, su última reglamentación fue en 2010 y presentó numerosas controversias por considerarla insuficiente. Sólo resisten 2 millones de hectáreas de bosque nativo y sin embargo el empresariado del agro busca reducir ese número por considerar escaso el espacio para su producción (explotación).
Situación en el Terrón
El Terrón de Mendiolaza cuenta con su propio megaemprendimiento desarrollista que sobrepasa los límites legales. Con el aval de la Secretaría de Ambiente y la Municipalidad de Mendiolaza, el Grupo Tagle ha logrado comenzar un desmonte de 300 hectáreas de las cuales 100 serían destinadas para realizar el campo de golf más grande de Latinoamérica y las 200 restantes para la construcción de 5 countries y un shopping.
Como sostiene la coordinadora de la asamblea “Salvemos el Terrón”, Virginia Basualdo: “en realidad, ese lugar está protegido por la Ley de Bosques, es zona roja, no se podría tocar, encima es una reserva hídrica. Sin embargo, la Secretaría de Ambiente ha dado lugar a un informe de impacto ambiental que presenta muchísimos errores y no nos ha otorgado la posibilidad de una Audiencia Pública”. Y continúa: “Van por encima de cualquier derecho de nosotros como ciudadanos de gozar con un medio ambiente sano y apto para la vida y para el futuro de nuestros hijos”.
Las inundaciones de febrero del 2015 en Sierras Chicas se llevaron 11 vidas y la vivienda de 2 mil personas, que debieron ser trasladadas. Al permitir las explotaciones inmobiliarias y avalar este tipo de negocios, se genera un cambio en el contexto geográfico que no puede dar otro resultado. “2+2 es 4”, comenta Virginia. “La primera etapa ya está aprobada de manera ilegítima por la Secretaría de Ambiente. Lo que resta es la segunda etapa, que aún deberían aprobar. Estamos viendo de qué manera frenarlo”.
Lo que más le duele a Virginia es que, cuando llueve, su hijo le pregunta si al día siguiente va a venir la inundación a llevárselo todo, una vez más. Lo que más nos va a doler a nosotros es no haber sido lo suficientemente comprometidos con el tiempo histórico que nos toca vivir.
Lo que queda es continuar luchando a pulmón y consciencia.
Este miércoles 28 de diciembre desde las 16 horas habrá una marcha en Córdoba. El punto de reunión es Colón y Cañada.
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