» Sobre el recorte de raciones del PAICor redaccion 351

Por Eugenia Zorrilla.

A días de la celebración del Bicentenario de la Independencia de nuestro país, en la provincia con la Universidad más antigua, retrocedemos unos cuatrocientos años en materia de acceso a la educación.

Cuenta Felipe Pigna que en 1609 concurrían a los establecimientos públicos unos 150 alumnos, siendo este el registro más antiguo sobre la educación pública argentina. Luego, durante un siglo y medio, las órdenes religiosas franciscanas, dominicanas y jesuitas condujeron la educación primaria en las distintas regiones. Hubo intentos, por parte del Estado, de ampliar el acceso a la misma obligando a los Cabildos a proveer fondos públicos y casas apropiadas a las escuelas. Se admitía a un número limitado de alumnos con certificado de pobreza emitido por el propio Cabildo y se cobraban aranceles de un peso por mes para leer y dos pesos para leer, escribir y contar.

En este modelo parecen haberse inspirado las actuales autoridades del Programa de Asistencia Integral de Córdoba (PAICor), a la luz de la situación en la que desean ubicar a los alumnos de la Escuela Primaria Pública de Jornada Completa Dr. Pablo Rueda, ubicada en la localidad de La Granja y que recibe a 243 niños de distintas localidades, desde Ascochinga a Río Ceballos, siendo una de las escasas 20 escuelas de esa modalidad en la provincia.

El establecimiento fundado en 1930 brindó, desde sus inicios, desayuno, almuerzo y merienda a todos sus alumnos. En abril de este año, el PAICor informó que sólo cubriría las raciones de 99 alumnos aduciendo que estos eran los más carenciados que necesitaban apoyo alimentario. Atendiendo a que los niños de entre 6 y 11 años concurren de 8 a 16 horas, y por esta razón no tienen más opción que comer en la escuela, los padres presentaron un amparo ante la Segunda Cámara Contencioso Administrativa de la Ciudad de Córdoba, solicitando que se proteja el derecho al alimento de forma igualitaria para todos los alumnos.

Por esta medida, a la fecha se mantienen las raciones para todo el alumnado mientras desde el Gobierno y la Comisión de Padres de la escuela se intentó dialogar, a pedido del Juez, para encontrar una solución.

Luego de dos meses, la mejor oferta por parte del PAICor fue ofrecer, por intermedio de la gestión de la Municipalidad de La Granja, el aporte de tan sólo 128 raciones correspondientes a jornada simple. Esto equivale a un aporte para el alimento destinado a una escuela de 4 horas, siendo que la “Pablo Rueda” es de 8 horas.

La solución ofrecida para la alimentación de los 115 alumnos restantes consiste en que los padres abonen $19,15 por día por alumno, esto es cerca de $400 mensuales, un total de $ 45.000 que caen en manos de la Municipalidad como un ente privatizador de la alimentación de los alumnos de esta escuela pública. En caso de que un padre incumpla un mes en el pago, su hijo no tendrá su ración. Para no perder la asistencia, se verá obligado a permanecer en la institución, mientras sus compañeros comen.

Cuando los padres, de forma unánime, decidieron no aceptar la oferta y recurrir a la Defensoría de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes de Córdoba para que accionen en protección de sus hijos, la respuesta del PAICor, con menos de 48 horas de anticipación, se limitó a informar que el viernes 1 de julio sólo habrían platos, vasos, cubiertos y comida para 128 niños.

A fin de comprender cuál es el marco legal que ampara el derecho de los niños, es importante repasar algunos puntos de la Ley Nacional 26.206, que regula lo estipulado por el artículo 14 de la Constitución Nacional. La normativa dice expresamente: “El Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones sociales y las familias.” También proclama su deber de “asegurar condiciones de igualdad, respetando las diferencias entre las personas sin admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo.” Así como también establece que debe garantizarse su acceso, “asegurando la gratuidad de los servicios de gestión estatal, en todos los niveles y modalidades.”

Si los puntos citados aún no son claros, la ley expresa: “El Estado debe garantizar las condiciones materiales y culturales para que todos/as los/as alumnos/as logren aprendizajes comunes de buena calidad, independientemente de su origen social, radicación geográfica, género o identidad cultural.”

Así las cosas, nos encontramos ante un caso de intento de privatización de la educación pública e incumplimiento de la ley que lo regula, circunstancia que implica un escenario de discriminación de los niños según el ingreso de sus padres y un desconocimiento del valor de compartir en forma igualitaria, base principal de todo lo público.

Mientras la justicia continúa recibiendo presentaciones que demandan una revisión urgente de las medidas informadas, los ciudadanos de Córdoba esperamos que quienes ocupan cargos políticos, cuyo rol es bregar por la protección de los más desvalidos -en este caso los niños- tengan, además, un poco de corazón.